• Ana Fernández

La nueva restricción de tráfico impide a personas con discapacidad acceder al centro de Castellón

Actualizado: may 23

COCEMFE pide que faciliten la entrada necesaria para los vehículos adaptados


Ana Fernández. València


Fuente: EntidadesCOCEMFE

El Ayuntamiento de Castellón implantó el pasado mes de febrero una nueva medida de vigilancia y restricción de vehículos no autorizados al centro urbano, debido a la elevada afluencia de tráfico que discurre a diario por la capital. Ante esta situación, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) de Castellón, reclama una alternativa para que las personas con movilidad reducida puedan desplazarse hasta la zona con su correspondiente automóvil adaptado.

Esta orden limita el paso exclusivo a residentes y trabajadores que disponen una autorización municipal. Además, se han sustituido los anteriores bolardos por cámaras de seguridad que realizan un control de matrículas. Esto ha supuesto que las personas con discapacidad física deban obtener un permiso con antelación, al no poder seguir utilizando el timbre conectado a la Policía Local que hacía bajar los postes.

La Ley 51/2003 sobre la accesibilidad universal de las personas con discapacidad, indica que las distintas administraciones, entre ellas los ayuntamientos, deben incorporar planes de accesibilidad en todos los elementos que conforman los espacios públicos. Por ello, según el presidente de COCEMFE Castellón, Ramón Meseguer, este panorama actual supone la «coacción» de la libertad y los derechos de la población con discapacidad.

Entre los problemas a los que se enfrenta este colectivo, Meseguer señala la dificultad de muchos de ellos para recorrer largas distancias o transportar grandes objetos, ya que requieren de una silla de ruedas o bastones para moverse. Asimismo, afirma: «Es gente que debe acudir a comercios de primera necesidad que solo se encuentran en esta área, como pueden ser farmacias y ortopedias».

Por otro lado, también apunta a la falta de consideración por parte de las instituciones públicas a la hora de tomar decisiones que inciden directamente sobre la ciudadanía. «Parece mentira que en el siglo que vivimos no nos tengan en cuenta, no piensan en los inconvenientes que pueden ocasionarnos», añade.

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